Reactivación y crecimiento con inversión social

La incertidumbre ocasionada por la terrible pandemia de COVID-19, que tantísimo dolor está generando, complica la elaboración de previsiones sobre la evolución de la situación económica y social en los próximos meses. No obstante, la necesidad de propiciar una salida a esta grave crisis, acorde con los valores y principios inspiradores del Estado social y democrático de Derecho, obliga a los gobiernos y parlamentos, así como a otras instituciones, como el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL), y a todos los buenos conocedores de la realidad, a adoptar o proponer planes y medidas bien fundados y realistas en el corto, medio y largo plazo.

Sirvan estas líneas para compendiar varias reflexiones relativas a la superación adecuada y célere de la actual crisis, tan repentina y generalizada como profunda, al paralizarse o ralentizarse sin precedentes, y de manera transversal, la inmensa mayoría de los sectores económico-productivos por obra de la pandemia. No puede olvidarse, por cierto, que las últimas grandes crisis han dañado especialmente a dos sectores motrices de la economía española: la construcción (muy dañada por la crisis económico-financiera de 2008) y el turismo (incluidos el idiomático y el de congresos), la cultura y la hostelería (duramente afectados por la crisis del coronavirus y la suspensión o alteración de los desplazamientos y los cierres y limitaciones de aforos y horarios).

Los planes de reactivación, transformación y resiliencia aprobados a nivel europeo, estatal y autonómico, con la necesaria implicación de todo el sector público (entidades locales y universidades), y la imprescindible participación en la definición y aplicación del sector privado, acudiendo también a la iniciativa público-privada, se centrarán en estas palabras clave: participación, ejecución, reactivación, sostenibilidad y transformación.

Se hace referencia a la participación de las organizaciones sindicales y empresariales, así como de todas las que articulan la sociedad civil (la mayor parte de ellas presente en el CESCYL), en el diseño, seguimiento y control de los planes y medidas; a la ejecución ágil, eficaz y transparente de los fondos públicos extraordinarios, con reforzamiento de los servicios públicos; a la reactivación rápida, con inflación moderada y potenciación de las empresas y autónomos y de los sectores que impulsan la economía y el empleo; y al avance en la sostenibilidad social, ambiental y presupuestaria, con la transformación y mejora, sin desdeñar los sectores fundamentales previos, en busca de la digitalización y la adaptación a las necesidades sociales y a la demanda renovada de productos y servicios. Controlada la pandemia, el año 2022 se habrá de caracterizar por un crecimiento económico sostenido y acompañado de inversión social, a fin de recuperar la certidumbre y consolidar las transformaciones en el primer trimestre de 2023.

En fin, ha de recordarse el pacto que cimentó el modelo de reconocimiento de derechos sociales y, en general, de ciudadanía a cambio de concordia en un sistema de economía de mercado con redistribución progresiva, personal e interterritorial de la renta, para garantizar el bienestar en libertad e igualdad, así como la productividad y el progreso. Deben reforzarse el Estado social y democrático de Derecho y la Unión Europea, so pena de un incremento de los malestares conducente al desastre, como demostraron los malhadados procesos sociales y políticos de los años treinta del pasado siglo.

Enrique Cabero Morán
Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León